Ordena la federación aclarar el destino de 915 millones de pesos en la SEG

La Auditoría Superior de la Federación, notificó formalmente a la Contraloría del Estado, los resultados de la auditoría que se practicó a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, que fueron ejercidos por la Secretaría de Educación Guerrero en el ejercicio fiscal 2009 y en los que se presume una
afectación a la hacienda pública por el orden de los 915 millones de pesos.
El titular de la contraloría estatal, Julio César Hernández, indicó que la notificación formal llegó a la oficina el pasado viernes y en ella se le ordena realizar una investigación sobre el manejo de los recursos que el gobierno federal destinó exclusivamente para usarse en acciones destinadas a la educación básica, y presuntamente habrían sido utilizados en otras.
El titular de la Auditoría, indicó que el mismo viernes se respondió a la Auditoría la recepción del documento y con ello el inicio de la investigación que se tiene que realizar en un lapso de 15 días hábiles a partir de que fueron notificados.
Julio César Hernández indicó que en los próximos días notificarán a los que fueron responsables de la ejecución de los recursos en el año 2009, para que presenten sus argumentos, posteriormente se determinará si se amerita la aplicación de medidas sancionatorias a ex funcionarios.
Por otra parte el Auditor, indicó que en breve se presentarán los resultados preliminares de las auditorías que se practicaron en las Secretarías de Salud, Educación, en la CAPASEG, Colegio de Bachilleres y otras dependencias en las que se han detectado algunas irregularidades en el uso y manejo de los recursos públicos, sin embargo no quiso adelantar cuáles han sido esas anomalías, “eso es lo que presentaremos para poder darles detalles concretos y así no generar especulación”.
Finalmente en lo que se refiere al proceso de entrega recepción del gobierno estatal, dijo que la mayoría de las dependencias han cumplido ya con los 30 días en los que se pueden realizar observaciones del documento, y en varias dependencias se tendrán que realizar juntas conciliatorias entre los funcionarios salientes y los entrantes.
“El proceso que marca la ley es que los nuevos funcionarios notifiquen a la contraloría sobre irregularidades que se detecten en el acta de entrega recepción, durante los 30 días hábiles siguientes a que se realizó la firma del documento, y en caso de que hubiera señalamientos se cita a una junta conciliatoria en los 15 días siguientes y por el momento se está cubriendo este lapso para llamar a estas juntas”. (Abel Miranda Ayala)