Persiste un claro desdén hacia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
En Guerrero aún persiste la resistencia de autoridades estatales y de los Ayuntamientos para transparentar el uso de los recursos públicos y el ejercicio de la función pública, expresó el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIG), Ernesto Araujo Carranza, al rendir el
Quinto Informe de Actividades de este organismo.
Por lo anterior, el consejero presidente del ITAIG demandó al Congreso local que exhorte a los sujetos obligados a que cumplan con esa obligación, aunque fue más que evidente que los señores diputados locales desdeñaron su Quinto Informe, ya que sólo un legislador acudió al evento, y eso que se desarrolló en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del Estado.
Ante el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, y el contralor general del Estado, Julio César Hernández Martínez, que acudió en representación del titular del Ejecutivo Estatal, Araujo Carranza señaló que tal es el desdén hacia el ITAIG y la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que incluso a estas alturas muchos sujetos obligados —funcionarios estatales y Ayuntamientos— ni siquiera han creado sus respectivas Unidades de Transparencia a pesar de que por ley debieron haberlo hecho hasta antes del 27 de noviembre de 2010.
Aun así, informó que el año pasado el ITAIG recibió 2 mil 406 solicitudes de información por parte de particulares, de las cuales 2 mil 328 fueron respondidas, 62 denegadas y 16 están pendientes, en tanto que de los 155 sujetos obligados a proporcionar información pública a los particulares, sólo 110 cumplieron, mientras que 43 ayuntamientos y dos organismos públicos no efectuaron esa obligación constitucional.
Araujo Carranza admitió que aún existe un número considerable de Sujetos Obligados que no cumplen con lo estipulado en la Ley de Transparencia, los cuales en su mayoría son ayuntamientos, que representan un 53 por ciento del total, lo que impide saber si dichos sujetos obligados recibieron o no solicitudes de información, si fueron o no respondidas o qué trato les dieron.
Dijo que la información más solicitada por los ciudadanos son expedientes técnicos de obra, presupuestos de obra, programas sociales, nómina de los funcionarios públicos, cuentas públicas, actas de sesión de Cabildos, planes y programas sociales, convenios de colaboración y participaciones del ramo 33 principalmente. (Baltazar Jiménez Rosales)
Quinto Informe de Actividades de este organismo.
Por lo anterior, el consejero presidente del ITAIG demandó al Congreso local que exhorte a los sujetos obligados a que cumplan con esa obligación, aunque fue más que evidente que los señores diputados locales desdeñaron su Quinto Informe, ya que sólo un legislador acudió al evento, y eso que se desarrolló en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del Estado.
Ante el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, y el contralor general del Estado, Julio César Hernández Martínez, que acudió en representación del titular del Ejecutivo Estatal, Araujo Carranza señaló que tal es el desdén hacia el ITAIG y la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que incluso a estas alturas muchos sujetos obligados —funcionarios estatales y Ayuntamientos— ni siquiera han creado sus respectivas Unidades de Transparencia a pesar de que por ley debieron haberlo hecho hasta antes del 27 de noviembre de 2010.
Aun así, informó que el año pasado el ITAIG recibió 2 mil 406 solicitudes de información por parte de particulares, de las cuales 2 mil 328 fueron respondidas, 62 denegadas y 16 están pendientes, en tanto que de los 155 sujetos obligados a proporcionar información pública a los particulares, sólo 110 cumplieron, mientras que 43 ayuntamientos y dos organismos públicos no efectuaron esa obligación constitucional.
Araujo Carranza admitió que aún existe un número considerable de Sujetos Obligados que no cumplen con lo estipulado en la Ley de Transparencia, los cuales en su mayoría son ayuntamientos, que representan un 53 por ciento del total, lo que impide saber si dichos sujetos obligados recibieron o no solicitudes de información, si fueron o no respondidas o qué trato les dieron.
Dijo que la información más solicitada por los ciudadanos son expedientes técnicos de obra, presupuestos de obra, programas sociales, nómina de los funcionarios públicos, cuentas públicas, actas de sesión de Cabildos, planes y programas sociales, convenios de colaboración y participaciones del ramo 33 principalmente. (Baltazar Jiménez Rosales)
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