Afirma Latabán que no tolerará corrupción; ratificadas 38 demandas contra ex alcaldes

Tras dejar en claro que durante su gestión al frente de la Auditoría General del Estado (AGE) no tolerará actos de corrupción, Arturo Latabán López, informó que de las 38 demandas penales que fueron interpuestas en contra de igual número de ex presidentes municipales, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio
Público, en 14 de ellas le tocó ratificar a él y que además, en el 97 por ciento de los casos ya fueron aportadas las pruebas documentales que requirió la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Eso sí, confirmó que hasta el momento no se ha podido recuperar un solo peso de los más de 2 mil millones de pesos que esos 38 ex alcaldes ejercieron durante los ejercicios que van del 2004 al 2008 mismos que no comprobaron con la entrega de sus respectivos informes cuatrimestrales y cuentas públicas anuales.
Arturo Latabán López, rindió ayer ante el Grupo Cuicalli, que preside el empresario capitalino Adolfo Chávez Romero, un somero informe de los primeros 100 días de su gestión al frente de la AGE, en un evento al cual acudió el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández; cuando menos ocho presidentes municipales, entre ellos Héctor Astudillo Flores, de Chilpancingo, y Manuel Añorve Baños, de Acapulco; una docena de diputados locales, y el contralor general del Estado, Julio César Hernández Martínez.
Sin embargo, el haber rendido este informe de sus primeros cien días de gestión al frente de la AGE ante el Grupo Cuicalli, a Latabán le valió una especie de reprimenda o “jalón de orejas” por parte de la presidenta de la Comisión de Evaluación y Vigilancia de la Auditoría General del Estado del Congreso local, Guadalupe Gómez Maganda, ya que según ella, debió presentarlo de manera formal ante esa comisión legislativa.
Cabe hacer notar que la rendición de este informe de los primeros 100 días de gestión de Latabán Campos como titular de la AGE fue por gestión directa del presidente del Grupo Cuicalli, en la primera reunión que el auditor sostuvo hace poco más de un mes con esta agrupación ciudadana, con el fin de que la sociedad guerrerense esté enterada de cuál es el estado que guarda la rendición de cuentas de todos aquellos entes que manejan recursos públicos, como los tres poderes del estado, los 81 Ayuntamientos y los organismos públicos descentralizados.
En este sentido, informó que este año, de los 81 presidentes municipales del estado, sólo 21 entregaron sus cuentas públicas correspondientes al 2010 en tiempo y forma, 26 más lo hicieron fuera del tiempo legal y faltan por hacerlo 34 alcaldes a quienes ya se les iniciaron los procesos administrativos sancionatorios correspondientes.
Asimismo, indicó que de las 38 demandas penales que fueron interpuestas 18 de ellas tuvieron que ser ratificadas por la actual administración de la AGE y en el caso de las que fueron ratificadas en la pasada gestión acudió a la PGJE para hacer propias las denuncias y darles el seguimiento correspondiente.
De la situación que guardan las 38 demandas penales interpuestas en contra de igual número de ex alcaldes, y quienes fueron sus tesoreros y directores de Obras Públicas Municipales, mencionó que todas ya fueron ratificadas y en el 97 por ciento de ellas ya se aportaron las pruebas documentales correspondientes a la PGJE, sin embargo, se abstuvo de dar a conocer los nombres de los ex funcionarios que no han comprobado los recursos que ejercieron durante su periodo, porque la ley se lo prohíbe.
Con relación a la fianzas de fidelidad, el auditor reiteró que por falta de tiempo no pudieron ser cambiados los criterios del porcentaje que tienen que pagar los alcaldes para proteger los presupuestos que ejercen sus administraciones de los delitos de robo, peculado, abuso de confianza y fraude
Sin embargo, resaltó que ya se trabaja en tres rubros en cuanto a la fianza de fidelidad: disminuir su porcentaje; establecer un tabulador para no medir a los 81 ayuntamientos con el mismo rasero, o bien crear un fondo a efecto de que las fianzas no sean a fondo perdido, sino que sean reintegradas a los ayuntamientos de no haberse registrado irregularidades, pues reconoció que hasta el momento ninguna fianza ha sido recuperada a pesar de que los presupuestos que protegieron fueron aplicados.
Finalmente expresó categórico que durante su gestión no será tolerante con los actos de corrupción, porque “mi compromiso es continuar buscando y llevando a cabo acciones que fortalezcan la gestión de las instituciones y que cumplan con la eficacia de sus objetivos. Seguiremos contribuyendo para que los recursos públicos se apliquen correctamente. (Baltazar Jiménez Rosales)

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