Trabajadores de confianza ya no podrán interponer demandas laborales: Salgado
El diputado local Jorge Salgado Parra vio con buenos ojos las reformas que ayer se hicieron a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con las cuales a partir de ahora se evita que los trabajadores de confianza tanto del gobierno estatal como de los municipios interpongan demandas ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que al paso del tiempo se convierten en laudos millonarios como los que actualmente tiene que pagar la administración gubernamental y varios Ayuntamientos.
En sí, explicó el también presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la Ley Federal del Trabajo ya establece estos ordenamientos, por lo que lo que ayer hizo el pleno del Congreso local fue homologar la ley estatal a la nacional.
Pero además esto ya se había anunciado desde hace mucho tiempo, sobre todo a raíz de que la actual administración gubernamental despidió a muchos trabajadores que interpusieron sus respectivas demandas ante la JLCyA, por lo que ahora el gobierno estatal tiene que pagar más de 200 millones de pesos en laudos laborales dictaminados a favor de los empleados. Obviamente, este problema será heredado al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Pero además, otro antecedente de esta reforma lo representan los laudos que tienen que pagar varios ayuntamientos, los cuales de manera global están emplazados a pagar más de 800 millones de pesos en laudos dictaminados por la JLCyA a favor de empleados municipales de confianza que fueron despedidos.
Recordó que incluso el problema de los laudos millonarios dictaminados a favor de los trabajadores municipales de confianza metió en un serio embrollo a varios Ayuntamientos, ya que entre estos laudos que tenían que pagar, la compra del fertilizante para los campesinos se quedaban sin dinero y en ocasiones ya no tenían ni para pagar la nómina y mucho menos para hacer obra pública.
Esto hizo, destacó, que eso fue lo que obligó a la mayoría de los ayuntamientos a adquirir una línea de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) el año pasado, con el fin de poder hacer frente a sus compromisos financieros de diciembre.
Salgado Parra mencionó que las reformas a esta ley aprobadas ayer por el pleno del Congreso local tienen precisamente el propósito de evitar que los empleados de confianza demanden tanto al gobierno estatal como a los Ayuntamientos, ya que “los empleados de confianza, son eso, empleados de confianza que están sujetos a un determinado tiempo de trabajo en las diferentes áreas de gobierno, y con las reformas se persigue que ya no puedan hacer demandas laborales”. (Baltazar Jiménez Rosales)
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que al paso del tiempo se convierten en laudos millonarios como los que actualmente tiene que pagar la administración gubernamental y varios Ayuntamientos.
En sí, explicó el también presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la Ley Federal del Trabajo ya establece estos ordenamientos, por lo que lo que ayer hizo el pleno del Congreso local fue homologar la ley estatal a la nacional.
Pero además esto ya se había anunciado desde hace mucho tiempo, sobre todo a raíz de que la actual administración gubernamental despidió a muchos trabajadores que interpusieron sus respectivas demandas ante la JLCyA, por lo que ahora el gobierno estatal tiene que pagar más de 200 millones de pesos en laudos laborales dictaminados a favor de los empleados. Obviamente, este problema será heredado al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Pero además, otro antecedente de esta reforma lo representan los laudos que tienen que pagar varios ayuntamientos, los cuales de manera global están emplazados a pagar más de 800 millones de pesos en laudos dictaminados por la JLCyA a favor de empleados municipales de confianza que fueron despedidos.
Recordó que incluso el problema de los laudos millonarios dictaminados a favor de los trabajadores municipales de confianza metió en un serio embrollo a varios Ayuntamientos, ya que entre estos laudos que tenían que pagar, la compra del fertilizante para los campesinos se quedaban sin dinero y en ocasiones ya no tenían ni para pagar la nómina y mucho menos para hacer obra pública.
Esto hizo, destacó, que eso fue lo que obligó a la mayoría de los ayuntamientos a adquirir una línea de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) el año pasado, con el fin de poder hacer frente a sus compromisos financieros de diciembre.
Salgado Parra mencionó que las reformas a esta ley aprobadas ayer por el pleno del Congreso local tienen precisamente el propósito de evitar que los empleados de confianza demanden tanto al gobierno estatal como a los Ayuntamientos, ya que “los empleados de confianza, son eso, empleados de confianza que están sujetos a un determinado tiempo de trabajo en las diferentes áreas de gobierno, y con las reformas se persigue que ya no puedan hacer demandas laborales”. (Baltazar Jiménez Rosales)
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