Continúa la disputa por la legal posesión del predio “El Potrerito”

Carlos Silva reclama que su madre no pudo venderlo cuando ya había muerto: Un Juez Mixto podría ser llevado a los tribunales.

La expedición de una escritura pública expedida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y Notario Público por Ministerio de Ley, pero cuyos números no corresponden a lo asentado legalmente en los registros de dicho juzgado, es la base de un juicio civil que podría ayudar a Carlos Silva Vega a recobrar de manera legal y contundente el predio El Potrerito, ubicado al sur de esta capital, con todo lo construido en esa superficie, y que no es poco.
Hace ya unos meses, Carlos Silva Vega formuló ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil (en turno) del Distrito Judicial de Bravo, un juicio ordinario civil, el cual quedó registrado en el expediente 249/ 2010-II (juzgado segundo) en contra de Raciel Ignacio Olivas García; el Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo; el juez Mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Domingo Martínez Altamirano; el Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Bravo, Juan Pablo Leyva y Córdova y del Director del Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola estatal.
En su querella, Carlos Silva reclama como suya la propiedad del predio El Potrerito y todo lo que hay en este; funda su reclamo en el juicio sucesorio intestamentario, radicado en el expediente 750/2005-3, en el que se resuelve su categoría de heredero único a los bienes de Fernando Silva Castro y Guadalupe Vega Macias (sus padres).
Al respecto hay que aclarar lo siguiente:
Con fecha 31 de Mayo del año 1976 Guadalupe Vega Macias (madre de Carlos Silva Vega) adquirió por compra venta hecha a su hermano Ramiro Vega Macias, una fracción del predio denominado El Potrerito que se ubica el sur de esta capital; dicho contrato esta legalmente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, con fecha 3 de Agosto de 1976, bajo el registro número 137-F a foja 349-F Sección Primera, Tomo 1 del Distrito de los Bravo, copias certificadas por el licenciado Alejandro Luna Vázquez Director de la Institución antes mencionada.
En el mes de junio del año 1995 fallece Guadalupe Vega Macias (mamá de Carlos) y como el mencionado predio quedo intestado, Carlos Silva Vega tuvo que hacer un juicio sucesorio intestamentario ante Juzgado Familiar el cual se registró en el expediente número 750/2005-3, del cual meses después le fue concedido y al quedar como heredero, hizo los tramites correspondientes ante el Registro Público de la Propiedad de Estado a cargo del director Alejandro Luna Vázquez y queda asentado en folios registrales números 64281, 64282 y 64283, con fecha 11 de Diciembre del año 2009, asimismo dicho predio lo da de alta ante la Dirección de Catastro Municipal asignándosele el número 92199/2901098001339.
Tiempo después, Carlos Silva Vega se percató que en el predio de su propiedad fueron construidos 5 edificios denominados “Quinta Raciel”, por lo que procedió a investigar quien o quienes están haciendo uso ilegal del terreno, que considera su propiedad.
Descubre en el mes de febrero del año 2010, que quienes hicieron uso de su propiedad, se dicen propietarios, amparando su dicho en la escritura pública número 853, volumen XXll, expedida por el licenciado Domingo Martínez Altamirano, Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de Altamirano y Notario Público por Ministerio de Ley.
Dicha escritura pretende amparar el contrato de compra venta, que con fecha 22 de Noviembre del año 1995, habrían celebrado, como vendedora, Guadalupe Vega Macias y como compradora Martha Rocío García Espinobarros, esta en representación de su menor hijo Raciel Ignacio Olivas García.
Ello resulta prácticamente imposible, pues para ese entonces doña Guadalupe Vega Macías tenía meses de haber fallecido.
Ante tal situación, Carlos Silva Vega solicita de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, la expedición de una copia certificada de la escritura pública 853, Volumen XXII, supuestamente expedida por el Juez Domingo Martínez Altamirano;
La respuesta que recibe, contenida en el oficio DGA/DVEN/T*199/2010, es que “no es posible expedirle copia certificada del citado expediente, toda vez que de su contenido se desprende que es un acto distinto al citado en su solicitud”.
Esto es, en los libros del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Altamirano y en los de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal, no hay constancia del supuesto contrato de compra venta realizada entre Guadalupe Vega Macías y Martha del Rocío García Espinobarros.
El asunto es que, antes que Carlos Silva Vega se enterara de todo lo anterior, se suscitan en relación al mismo predio “El Potrerito” un nuevo contrato de compra venta y uno de donación.
Este es el celebrado entre Raciel Ignacio Olivas García y Gerardo Fuentes Pimentel, del cual existe la escritura publica número 38596, volumen cuadragésimo tercero, tomo octavo, de la cual da fe ante la dirección de Catastro Municipal en esta capital.
En su denuncia Carlos Vega manifiesta que con fecha 30 de julio del año 2008, el abogado Fidelmar Martínez Pérez en su carácter de apoderado legal de Gerardo Fuentes Pimentel, dona 5 edificios construidos en “El Potrerito” al Ayuntamiento capitalino, con un fin común como es el de la regularización de la tenencia de la tierra, a favor de quieren adquirieron un departamento en la “Quinta Raciel”.
En ese entonces fungían como presidente Municipal, Mario Moreno Arcos; como Sindico Procurador, Víctor Martínez Toledo y como Secretaria General, Saez Guadalupe Pavia Miller.
Carlos Silva Vega, no duda de la buena fe de quienes en un momento determinado realizaron contratos de compra venta o donación, en cuanto al predio que reclama como su propiedad; lo que pide es la nulidad de los mismos, basado en el presuntamente realizado ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y notario público por Ministerio de Ley, Domingo Martínez Altamirano; acreditando con documentos que cuando supuestamente se realizó ese contrato, su madre, Guadalupe Vega Macías, ya había fallecido.