Empleados de la PGJE siguen exigiendo las dotaciones complementarias federales

Elementos de la Policía Ministerial del Estado, agentes del Ministerio Público y peritos adscritos a la procuraduría estatal, demandaron al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo que se dé a conocer el resultado de la auditoría que desde hace varios meses se practica a los recursos que llegan a esta entidad desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública y tienen como objetivo incentivar las labores operativas.
Mediante un documento que fue entregado el pasado 23 de noviembre en la Secretaría Particular del gobernador y en la Contraloría General del Estado y del que se anexan copias al Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Senado de la República y al Congreso Federal, los empleados, denuncian que el beneficio de dotaciones complementarias que se entregan de este fondo, se han recibido de forma irregular, además de que se han gravado con impuesto, como si fueran percepciones salariales, lo que consideran incorrecto.
En el escrito se especifica que las compensaciones se han entregado cada tres meses, sin embargo en algunos casos se entregan un trimestre sí y otro no, aduciendo que se retienen por no cumplir con los procesos de evaluación, sin embargo indican que los procesos de evaluación se califican de manera anual y por lo tanto las percepciones deberán ser también anuales.
Además exigen que para notificar sobre los procesos de evaluación se haga por escrito, ya que la mayoría de los elementos que no han cumplido con este proceso evaluatorio se debe a que son notificados el mismo día que se va a realizar y a veces sólo por teléfono, a pesar de que los elementos se encuentren de comisión en algún municipio alejado de Chilpancingo, y el proceso se realiza en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Formación Policial, en esta capital.
Asimismo de destacan muchos casos específicos en los que el Consejo Consultivo de la Procuraduría estatal que integran prácticamente todos los funcionarios de primer nivel de la dependencia, han determinado que no procede el pago, por ejemplo en el caso de personas que sufren accidentes o lesiones en los operativos y gozan de licencia médica, en el caso de Ministerios Públicos cuando se les inicia algún procedimiento, en instancias administrativas o penales, como parte de las propias averiguaciones previas que integran, por alguna de las partes que queda inconforme por el resultado obtenido en una querella, y eso a pesar de que al final el empleado quede exonerado, la determinación es que no se le regrese la dotación complementaria, por lo que la exigencia es que en estos y otros casos donde la responsabilidad no sea del trabajador o que no se cumpla por cuestiones ajenas al servidor público, que los pagos se les realicen de forma normal.
Como parte de la auditoría demandan que se revelen los tabuladores reales que han sido utilizados para el otorgamiento de estas dotaciones complementarias, pues según dicen “hay funcionarios que tienen salarios muy onerosos, que reciben complementos de manera indebida y por cantidades muy altas, mientras que los policías ministeriales el pago es de sólo tres mil pesos cada tres meses y de forma irregular”.
Por eso se exige que esos recursos se paguen quincenalmente como se hizo en el 2010, cuando a los policías se les integró a sus sobres de pago 500 pesos cada quince días.
Finalmente los quejosos solicitan al gobernador que en un plazo de cinco días hábiles les fije una fecha para tener una audiencia, en la que le expondrán de manera personal la problemática que se vive en esa dependencia, donde los salarios aún no logran el grado de decoro que se requiere. (Abel Miranda Ayala)