Demanda el Instituto Electoral cárcel para Sánchez Barrios y Loya Romero

POR: Baltazar Jiménez Rosales

Ex dirigentes de los desaparecidos partidos políticos Alianza por Guerrero y Social Demócrata; y que no rindieron cuentas claras

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) está en espera de que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercite acción penal en contra de los dirigentes y responsables de finanzas de los desaparecidos partidos políticos Alianza por Guerrero (PAG) y Social Demócrata (PSD), toda vez que no reintegraron al órgano electoral todos los bienes que adquirieron con las prerrogativas y tampoco pagaron las multas que se les impusieron por no presentar sus informes financieros.
En este sentido, los denunciados penalmente por la probable comisión de delitos en el manejo de los recursos públicos son Ramón Loya Romero, ex dirigente del PSD, y el ex diputado federal Carlos Sánchez Barrios, que fue dirigente del PAG. En los dos casos las demandas penales también alcanzan a quienes fueron sus secretarios de finanzas.
Con estas demandas penales, expresó Enrique Justo Bautista, jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización del IEEG, la intención del organismo responsable de la organización de las elecciones locales, es que se siente un precedente para que no haya impunidad en el manejo de los recursos públicos por parte de los dirigentes de los diferentes partidos políticos y para que se transparente su ejercicio.
Justo Bautista recordó que en julio pasado, el Consejo General del Instituto Electoral determinó que los bienes muebles que fueron adquiridos por las dirigencias del PAG y del PSD pasaran a formar parte del patrimonio del IEEG.
En el caso del Partido Alianza por Guerrero, de Carlos Sánchez, al perder su registró dejó una cuenta bancaria con 34 mil pesos además de 13 mil pesos en equipo de oficina. Estos “activos”, dijo Justo Bautista se van a tomar como parte de las multas a las que el PAG se hizo acreedor que fueron por alrededor de 400 mil pesos. Es decir, no alcanzan a cubrir la totalidad.
En cuanto al PSD, de Ramón Loya Romero, la situación es más grave porque no entregó los cuatro vehículos que adquirió con las prerrogativas, pero tampoco pagó la multa que asciende a aproximadamente dos millones de pesos, ya que además el dirigente enfrenta demandas laborales y, como consecuencia tiene que pagar laudos dictados a favor de los trabajadores.
Finalmente, el funcionario del IEEG dijo confiar en que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitará acción penal contra Sánchez Barrios, del PAG, y Loya Romero, del PSD, para sentar un precedente.