Nóminas abultadas, principal problema en Ayuntamientos
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental,
Eduardo Loría Casanova, dijo que el “exceso de personal” es el principal
problema financiero de los ayuntamientos en Guerrero.
A mes y medio de concluir las administraciones municipales,
el debate se ha centrado en que los
alcaldes salientes dejen dejar el recurso
proporcional de enero a septiembre para el pago de prestaciones de fin de año.
Así se han pronunciado alcaldes electos, funcionarios
estatales, diputados locales y el propio titular de la Auditoría Superior del
Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta, al señalar que es una “responsabilidad”
de los ediles salientes.
Consultado al respecto, el secretario de la Contraloría del
estado, dijo que el principal problema financiero de los ayuntamientos tiene
que ver con el exceso de personal, lo que impide generar ahorros.
“Se ha mencionado que los aguinaldos, uno de los problemas
de los ayuntamientos, es el exceso de personal. Que no hay presupuesto para
todo el personal y el pago se vuelve complicado”, admitió.
Añadió que “sí es cierto que, por ley, el alcalde (saliente)
debe generar una provisión y muchas veces no lo tiene porque se gasta (el
presupuesto) en sueldos, simplemente”.
Por eso recomendó a los alcaldes electos, quienes asumirán
funciones el 30 de septiembre, que hagan las observaciones al momento de
recibir las administraciones, y si no cuentan con el recurso, buscar opciones y
mecanismos para cumplir con el pago de prestaciones de fin de año, como el
aguinaldo.
Conviene más a alcaldes salientes la entrega-recepción
En cuanto al proceso de entrega-recepción de las
administraciones municipales, Loría indicó que los más interesados en cumplir
con ese requisito deben ser los alcaldes salientes, pues dejan constancia de lo
que entregan.
Después de firmas las actas de entrega-recepción entre los
comités de transición, las nuevas autoridades tienen 30 días para revisar la
información y solicitar cualquier documentación en caso de alguna
irregularidad.
Eduardo Loría informó que la ley prevé sanciones
administrativas y hasta penales para las autoridades salientes que no cumplan
con esos procedimientos, así como las acciones que por su cuenta iniciaría la
ASE y la Contraloría del estado.
Recordó que, en 2015, cuando inicio el gobierno de Héctor
Astudillo Flores, se instaló el cien por ciento de los comités de
entrega-recepción, por lo cual descartó posibles problemas para cumplir
con ese procedimiento en septiembre próximo. (www.agenciairza.com)
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