Temen egresados de Ayotzinapa ser detenidos por hechos de hace 10 años

Al menos 40 egresados de la Normal de Ayotzinapa se encuentran en las listas de órdenes de aprehensión de la Fiscalía General del Estado, mismos que tiene hasta 10 años de servicio en las aulas pero en los últimos meses han sido amedrentados con la posibilidad de ser detenidos por sus acciones en movilizaciones que

realizaron cuando eran estudiantes.

Eduardo Santos, quien ha fungido como vocero de este grupo de profesores, señaló que se ha formado un grupo de asistencia jurídica, y defensores de derechos humanos, para buscar la forma de atacar los proceso jurídicos que se tiene por delitos como ataques a las vías generales de comunicación, motín sedición y otros.

Los entonces estudiantes, relatan que en el año 2007 protagonizaron un gran movimiento en defensa de la institución a la que el gobierno se negaba a autorizar la emisión de la convocatoria de nuevo ingreso, posteriormente el movimiento se amplió para demandar plazas y recursos para el sostenimiento del plantel.

En el 2001 se tuvo otra gran movilización a raíz de la muerte de dos de sus compañeros en la autopista del Sol, frente al Hotel Parador del Marqués, estas actividades como todos los movimientos generaron el inicio de averiguaciones previas que se habría acordado con el gobierno en turno que serían desechadas una vez que se concluyó el movimiento.

Los ex normalistas dicen que el actual secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero, que tenía el mismo cargo en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo es quien se ha encargado de reactivarlas las órdenes de aprehensión.

"Por eso hemos convocado a una reunión de egresados en la que vamos a delinear la estrategia jurídica y políticas que seguiremos para que se erradiquen de una vez y para siempre las acusaciones":

Señaló que tiene asesoría de un grupo de expertos en derechos humanos que son sus propios compañeros que han seguido esa línea de profesionalización y se ha dilucidado que uno de los argumentos que usarán es “que el estado ha criminalizado la lucha social violando con ello preceptos internacionales que el Estado Mexicano suscribió, como lo es la Convención de San José”.

Los egresados están en espera de que la Fiscalía General del Estado les fije fecha para una mesa de trabajo que se prevé se realice entre los últimos días de julio y los primeros de agosto en la que se analizará la posibilidad de que estás 40 órdenes de aprehensión y otras que pueda haber guardadas se eliminen para siempre y además se establezca una ruta para que se haga lo mismo con las actuaciones que se iniciaron desde la federación. (Por Abel Miranda Ayala)