Inoperante la PGJE para atender agravios contra funcionarios: PT

La dirección estatal del Partido del Trabajo (PT) reprochó la “inoperancia” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para atender y esclarecer hechos delictivos contra actores políticos. “Quisiéramos que atendiera no solo a representantes de elección popular, sino a la ciudadanía en conjunto,
lo cierto es que no hay respuesta”, manifestó al diputado local, Jorge Salazar Marchán, miembro de la dirigencia nacional. Incluso advirtió que por la responsabilidad que tienen los representantes populares, el problema de la inseguridad y ataques en su contra se podría agudizar en todo el país y que debe preverse. Lo anterior derivado del secuestro que sufrió Cleto Mendoza Vargas, regidor del PT en el municipio de Chilapa, desde el pasado 30 de diciembre del año pasado y de quien hasta ahora se desconoce su paradero. Recordó también el atentado que sufrió en noviembre del año pasado el regidor del municipio de Igualapa, Idelfonso Martínez García, y comentó que ese tipo de agravios no son exclusivos de la militancia de ese partido. En entrevista informó que la semana pasada la diputada federal del PT, Magdalena Núñez Monreal, por el estado de Zacatecas, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a su similar de Guerrero investigar el caso de Mendoza Vargas. “La Dirección Nacional del partido tomó la decisión de hacer un exhorto a la PGR para que intervenga dada la lentitud de cómo se están procesando las cosas en el estado, fue un asunto que tomó naturaleza al interior del PT nacional”, dijo. De acuerdo con Salazar Marchán la legisladora presentará este martes un punto de acuerdo en sesión de comisión permanente para la creación de una fiscalía especial que investigue hechos delictivos contra representantes populares. Aunque reconoció que ven con “simpatía” la propuesta, comentó que sería una atribución excesiva porque “pareciera que es un privilegio más para los representantes de elección, la permanente decidirá si transita esa posibilidad”. Dio a conocer que de acuerdo con el Centro de Investigación y Documentación de la Cámara de Diputados federal, cada mes muere un presidente municipal debido a los elevados índices de violencia. “Hay más para el PRD, está el caso del síndico de Iguala, además de constantes denuncias de las regidoras, la situación de algunos municipios de la Sierra, Costa Grande, Norte, el caso Teloloapan, Apaxtla, entre otros”, señaló. “Es un caso latente, en el caso de Michoacán, vemos que la gente de la delincuencia organizada pide participación en las obras como cualquier empresa”, alertó el legislador local. (www.agenciairza.com)